El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionó la mañana de este 7 de diciembre y aceptó a trámite el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, indicó que el proceso se remitirá a la Comisión de Fiscalización, pero recordó que hay otros en cola que deben evacuarse primero.

Kronfle había pedido a la ponente del caso, la correísta Gissela Garzón, que complete y aclare algunos puntos de la prueba. Algo que la legisladora sí realizó, y con ello se votó en el seno del CAL.

La moción para que se dé luz verde al juicio político la hizo su coidearia Viviana Veloz. Tuvo cinco votos a favor, uno en contra y una ausencia.

Ante especulaciones sobre la resolución del CAL, Kronfle aclaró que el organismo “se limita a verificar el cumplimiento del requisito de forma de las solicitudes de juicio político” y luego envía el expediente a la Comisión de Fiscalización para su tratamiento.

Reiteró que el CAL “no tiene facultad legal para pronunciarse sobre el fondo” de los pedidos de interpelación, así que “no puede bajo ninguna circunstancia detener estos procesos cuando cumplen los requisitos de forma”.

El titular de la Asamblea también detalló que hay en trámite cinco juicios políticos contra varios funcionarios y exfuncionarios, que quedaron pendientes del anterior periodo legislativo; y hay dos pedidos más ya calificados en contra de los exministros Juan Zapata y Fernando Santos, del régimen de Guillermo Lasso.

Henry Kronfle señaló que el bloque al que pertenece, el PSC, y aliados mantienen su postura de que no hay causales para enjuiciar a la fiscal.

El bloque oficialista ADN y la bancada de Construye también han manifestado que no apoyarán este caso.

A la fiscal se la acusa de incumplimiento de funciones por el trámite sesgado de algunos casos de relevancia política y mal manejo administrativo de la institución.