Retomar la institucionalidad, autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera del Ministerio del Interior será un «desafío» para el gobierno de Daniel Noboa Azín, en los 17 meses que le restan de mandato.

En los últimos cinco años, el Ministerio del Interior experimentó una fusión y una división, contextualizada en una crisis económica y de violencia criminal.

La administración de Daniel Noboa cumplió 20 días de gestión este martes y una de sus decisiones en su política de seguridad ha sido mantener la división del Ministerio de Interior del de Gobierno, aunque será un desafío, reconoció la ministra del ramo (encargada) Mónica Palencia Núñez, que también es ministra de Gobierno.

Palencia confirmó que estas dos secretarías de Estado no se fusionarán y al contrario, requiere que los procesos de escisión concluyan para que recupere su patrimonio y autonomía administrativa.

«Los ministerios del Interior y de Gobierno no se fusionan. Requiere que en este momento los procesos concluyan… Se había decidido una separación que no está concluida y tenemos varios desafíos por lograr porque el Ministerio del Interior no es titular de su propio patrimonio. Está aún en las cuentas del propio Gobierno (ministerio)», dijo este 13 de diciembre en una entrevista en Ecuavisa.

Añadió que para viabilizar el proceso está creando un grupo especializado de abogados para que «terminen de una vez la separación y el ministerio pueda tener su patrimonio y hacerse cargo de él, sobre todo, porque tiene un fuerte impacto en el tema de seguros».

Se denominaba Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades hasta que en el 2010 el expresidente Rafael Correa lo dividió y creó el Ministerio del Interior, además de los ministerios de Coordinación de la Política, de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Gestión la Política para redistribuir las facultades y atribuciones.

Con la llegada de Lenín Moreno en el 2017, se trabajó en un diseño institucional para suprimir, crear o fusionar entidades, en un escenario de austeridad por la falta de recursos.

Con el decreto 718, Moreno suprimió la Secretaría de la Política y fusionó el Ministerio del Interior con el de la Política y le otorgó la competencia de gestión para la gobernabilidad y prevención del conflicto, articulación intragubernamental, intergubernamental y con otras funciones del Estado a lo que lo denominó el Ministerio de Gobierno, que lo presidió María Paula Romo y terminó el periodo Gabriel Martínez.

Su sucesor, el expresidente Guillermo Lasso, decidió un 30 de marzo de 2022 escindir al Ministerio de Gobierno y crear nuevamente el del Interior.

Es decir, separó del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio del Interior y constituyó el del Interior, como organismo de derecho público, con personalidad jurídica dotada de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera para que formule las políticas de seguridad ciudadana, protección interna y orden público y su primer ministro fue Patricio Carrillo.

Dio un plazo de 90 días para que se ejecute esa separación. Pero ese objetivo no se cumplió y Guillermo Lasso emitió tres decretos ejecutivos en estos dos años extendiendo los plazos.

 El 16 de agosto de 2022 se dio la primera ampliación por 90 días; el 4 de enero de 2023 otra extensión de 190 días para que se efectúe el traspaso de bienes, proyectos, personal, contratos en ejecución. Se dispuso que la Policía Nacional efectúe las acciones administrativas para asegurar los bienes que se encuentren en su uso y custodia y, el Ministerio del Interior pagar los servicios básicos, tributos y rubros que se generen el 2023.

Y, el 4 de octubre de 2023 otro plazo de hasta seis meses, aunque lo hizo semanas antes de dejar la Presidencia el 23 de noviembre, por efecto de la muerte cruzada.

En estos plazos debe darse el traspaso de bienes y el Ministerio de Gobierno debe garantizar que los bienes de su propiedad estén asegurados.

El último informe de rendición de cuentas del 2022 detalla que la institución comenzó sus funciones con tres funcionarios, entre ellos, el exministro Juan Zapata y, a diciembre de 2022, terminó con 840 personas ubicadas en un edificio en el norte de Quito en donde funcionaba el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Manejó un presupuesto de $ 22′175. 958, de los que $ 15′637.000 se destinaron para bienes y servicios. Entre ellos, la inversión como equipamiento básico y de protección personal para los policías, dotación de equipos tecnológicos y medios logísticos para el sistema de seguridad penitenciaria y escuadrón de drones de la Policía Nacional; así como equipamiento para los servicios policiales fronterizos y de frontera.

El presupuesto asignado para el 2023 ascendería a $ 34′080.466, según reportes públicos.

Pese a ello, la ministra Palencia lamentó que al llegar al Gobierno se encontraron con que los proyectos de inversión están avanzados en un 18 %, pues había «proyectos aprobados y no estaban del todo financiados».

Para el exministro de Gobierno de Guillermo Lasso Francisco Jiménez debería mantenerse la división de estos dos ministerios, aunque ello depende de la «visión que tenga el presidente de la República».

«Sea que estén unidas o sean carteras separadas, lo importante es que tengan definidos sus objetivos institucionales», indicó Jiménez.

La diferencia entre estas instituciones, explicó, es el que el Ministerio de Gobierno es el «epicentro de la actividad política de gobernabilidad. Es como el brazo derecho del presidente; en cambio, el del Interior, está concentrado en el área de seguridad, como coordinar las acciones de la Policía, con el SNAI, el mejoramiento de estructura de las UPCS, cuyo vértice es la problemática de seguridad».

La exministra de Gobierno en el periodo de Moreno María Paula Romo consideró que esta Secretaría es «importante porque es el mando civil sobre la Policía, es el control del gobierno sobre los policías».

No obstante, «se ha ido convirtiendo en una especie de coordinador y no de mando. Cuando la policía debe tener un mando civil que sea el que conduzca el mando», manifestó.