Casi inmediatamente de que se conoció que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la recién posesionada Asamblea Nacional, aceptó a trámite el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, desde la Fiscalía General del Estado se rechaza la decisión y afirma que el informe del caso no cumple con todos los requisitos.
La reunión del CAL se dio la mañana de este 7 de diciembre. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, indicó que el proceso se remitirá a la Comisión de Fiscalización, pero recordó que hay otros en cola que deben evacuarse primero. La moción presentada por la integrante de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, para que se apruebe el informe y con ello se dé el inicio del proceso político, recibió cinco votos de apoyo, uno en contra y una ausencia.
El titular del Legislativo en su momento pidió a la asambleísta ponente del caso, la correísta Gissela Garzón, que complete y aclare algunos puntos de la prueba. Dado cumplimiento a ese pedido se votó en el seno del CAL.
ediante un comunicado, la Fiscalía recordó que la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea , el 4 de diciembre pasado, emitió un informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos formales, del que se desprende que dicha solicitud no está enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso, en especial, lo relacionado con el anuncio probatorio.
En el comunicado se recordó que la unidad en cuestión señaló : " (...) La solicitante ha anunciado como prueba el requerimiento de rendición de testimonios de operadores de justicia (fiscales y jueces de la Corte Nacional), omitiendo precisar sobre qué hechos específicos versarán sus testimonios, presumiendo que los mismos declararán sobre información de casos penales sometidos a la justicia ordinaria y de las funciones o competencias de funcionarios de la Función Judicial y no bajo el fundamento del incumplimiento de funciones de la Fiscal General del Estado previsto en el artículo 131 de la Constitución, siendo necesarios atender al marco constitucional respecto de estos funcionarios”.
Para la Fiscalía, este hecho evidencia la flagrante transgresión al principio de independencia de funciones, consagrada en la Constitución y en concordancia con el artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial y varios pronunciamientos expedidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de ello, criticó la Fiscalía, el CAL, con un informe que no cumple con todos los requisitos, aprobó la verificación de estos. “La Fiscalía ratifica su postura en la que manifestó que dicha solicitud de juicio político carece de argumentos fácticos y jurídicos”.
Kronfle aclaró que hay en trámite cinco juicios políticos contra varios funcionarios y exfuncionarios que quedaron pendientes del anterior periodo legislativo; y dos más ya calificados del actual en contra de los exministros del Interior y Energía, Juan Zapata y Fernando Santos Alvite, respectivamente; estos funcionarios fueron parte del saliente régimen, liderado por Guillermo Lasso.
El presidente de la Asamblea insistió en que el bloque al que pertenece, el Partido Social Cristiano (PSC), y aliados mantienen su postura de que no hay causales para enjuiciar a la fiscal.