Los alcances y posibles conflictos de interés que se pudieran dar por la remisión de multas, recargos e intereses de obligaciones tributarias fueron el tema más discutido por los asambleístas en el primer debate del proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo que impulsa el Gobierno de Daniel Noboa.

El pleno de la Asamblea Nacional inició el debate alrededor de las 16:30 del martes 12 de diciembre, con 131 legisladores presentes y 6 ausentes. En la sesión se analizó el contenido del informe aprobado por unanimidad por la Comisión de Desarrollo Económico, que tiene a cargo el trámite del proyecto de ley.

La ponente del proyecto fue la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y coordinadora del bancada oficialista ADN.

Centeno resaltó que el informe contó con más de cien observaciones de diversos sectores públicos y privados y que se acogieron varias propuestas de los distintos bloques legislativos. “La expectativa es altísima, el Ecuador exige resultados y es nuestra obligación entregárselo”, expresó.

Resaltó que la norma tiene tres objetivos claros: impulsar el empleo, atraer inversiones y promover una recaudación para poder cumplir con una parte del déficit fiscal que asumió el Gobierno.

En cuanto al primer punto, Centeno destacó que la norma propone que las empresas que contraten nuevo personal, así sea un solo trabajador nuevo, pagarán menos impuesto a la renta, mediante una deducibilidad adicional por el gasto en sueldos y salarios. Que el beneficio aumenta si se contrata a jóvenes graduados de colegios o universidades públicas o jóvenes que se incorporen a proyectos de construcción y agricultura.

Mencionó que se plantea una remisión de intereses y multas para quienes no han podido pagar sus créditos educativos.

Se devolverá el IVA en la adquisición de materiales de construcción, lo que abaratará el acceso a vivienda e incrementará el empleo. Y se condonará la cuota única del impuesto a la renta de 2022 a los negocios populares, beneficiando a más de 1,8 millones de negocios.

Para la atracción de inversiones, indicó la asambleísta, se fortalecerá el régimen de alianzas público-privadas (APP), con el fin de reforzar la obra pública. Aclaró que los servicios públicos que son gratuitos, por mandato constitucional, que puedan desarrollarse mediante APP, no podrán cobrarse al usuario, sino que el Estado deberá asumir los gastos. Y se prohíbe la privatización.

Además se implementarán zonas francas que otorgarán una tarifa del 0 % del impuesto a la renta durante los primeros cinco años y que luego tendrán una tarifa fija del 15 %. Que las zonas de desarrollo económico (ZEDE) se mantendrán con sus actuales condiciones, pero habrá facilidades para aquellos inversionistas que deseen pasar de una ZEDE a una zona franca.

Las zonas francas permitirán desarrollar lugares económicamente deprimidos, así como espacios estratégicos.

En materia de recaudación, Valentina Centeno aseguró que “el proyecto de ley no significa un paquetazo para el bolsillo de los ecuatorianos”.

Indicó que en este tema se plantean dos medidas. La primera es una autorretención mensual para los grandes contribuyentes en función de su sector, es decir, la agricultura, ganadería y pesca no van a tener el mismo nivel de autorretención que el sector petrolero.

La segunda medida es la remisión de intereses, multas y recargos por obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Aclaró que esto aplicará para todos los contribuyentes: grandes, medianos y pequeños. Que beneficiará a más de 293.000 contribuyentes que actualmente tienen cuentas pendientes con el SRI.

“Tenemos la posibilidad de poder beneficiar a uno de cada diez ecuatorianos que en este momento tienen una multa o un interés con el SRI”, señaló y reiteró su llamado a que el proyecto de ley sea aprobado.

Con la remisión tributaria, o amnistía, el Gobierno aspira a recaudar $ 960 millones en 2024. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no contiene parámetros o delimitaciones específicas. Apunta de manera abierta a todos los contribuyentes con intereses, multas o recargos pendientes con el SRI.

Por ello, varios asambleístas alzaron su voz para exponer sus preocupaciones y sugirieron propuestas para regular este punto de la norma.

Sandra Rueda, del movimiento Construye, fue parte de ellos. A su criterio, el cuerpo legal no presenta soluciones a largo plazo para los problemas económicos del país, sino que los agrava.

Dijo que, para evitar un conflicto de intereses, la amnistía tributaria debería excluir a los miembros del Gobierno, Asamblea Nacional, funcionarios públicos y sus familiares.

En ese sentido, propuso que se incluya en la ley una disposición general que establezca que no podrá beneficiarse de los descuentos o facilidades tributarias “ninguna persona jurídica que tenga vinculación societaria con el presidente o vicepresidente de la República, ministros de Estado y funcionarios con rango equivalente, asambleístas y gerentes de empresas públicas, o con sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea, felicitó el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, comentó que el proyecto de ley es “una solución a corto plazo” e hizo varias observaciones y sugerencias para ser incorporadas.

Planteó que el SRI transparente la información de los grupos económicos que se han beneficiado de anteriores remisiones tributarias, porque “no sería justo” que se vuelvan a acoger a la condonación. Señaló que es importante evitar un conflicto de intereses. Que se debe evitar y prevenir la evasión de impuestos, porque le resta recursos al Estado.

Con el fin de obtener más, Veloz propuso que se creen en la ley impuestos extraordinarios a las ganancias de la banca, el sector farmacéutico y a las empresas de telefonía móvil; fijar un impuesto temporal o definitivo a los grandes grupos económicos; establecer un impuesto del 3 % a quienes tengan bienes muebles o inmuebles en paraísos fiscales; incorporar una remisión tributaria para el sector agrícola. Y se modifique el Código Monetario para que se pueda usar una parte de las reservas internacionales.

En otros temas, Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC), felicitó que la Comisión haya retirado del proyecto de ley el impuesto a la renta por la venta ocasional de bienes inmuebles, pero advirtió que se requieren más cambios normativos para eliminar una tabla impositiva que creó el expresidente Guillermo Lasso.

Señaló que el incentivo a las empresas que contraten nuevo personal no solo debe encasillarse en jóvenes estudiantes de establecimientos públicos, sino que debe ampliarse también para la contratación de jóvenes de colegios y universidades privadas.

Antes de la intervención de Taiano, la bancada del PSC y aliados hizo públicos cinco apuntes de medidas para ser contempladas en el proyecto de ley. Además, el bloque anticipó su apoyo al cuerpo legal.

Alrededor de las 20:40, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), clausuró la sesión, luego que intervinieron 18 legisladores. Ahora el proyecto de ley regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para continuar con el análisis de cara al segundo y definitivo debate.

La norma fue entregada al Parlamento el 27 de noviembre. Debido que el texto tiene el carácter de urgente en materia económica, la Asamblea dispone de 30 días para dar trámite y resolver su aprobación o rechazo antes de finalizar el año.